La nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), será la séptima reforma educativa de la Enseñanza Media
en España. Un denominador común a todas ellas es la falta de consenso con que
nacen. Éste es precisamente el origen del problema. De ahí que, con cada cambio
de Gobierno, se implante una nueva Ley.
La nueva propuesta del Ministro Wert vuelve a tener como
característica fundamental precisamente esa, la falta de consenso, lo que le
otorga una fecha de caducidad incluso antes de su implantación.
La falta de continuidad de las Leyes educativas y los
constantes vaivenes en el marco regulador del sistema parecen estar, a juicio
de los expertos, entre los principales motivos del fracaso escolar en España.
Pero, si todos compartimos esa creencia, ¿por qué no
se aportan soluciones?, ¿por qué no se consensúa de una vez por todas una Ley
de Educación que pueda perdurar más allá de la alternancia de los partidos en
el Gobierno?
La respuesta es sencilla, pero imposible de entender
sin considerar el profundo transfondo ideológico que pesa sobre ella. El pacto
no es posible porque PSOE y PP, los dos grandes partidos con vocación y
alternancia en el Gobierno, tienen planteamientos antagónicos sobre la función
social de la Educación. Hemos de tener en cuenta que quienes hoy son alumnos,
mañana serán quienes lleven las riendas de nuestra Sociedad. En este sentido,
las Leyes educativas, en cuanto forman a esas generaciones, condicionan, de
algún modo, la sociedad del mañana. Por ello, las Leyes educativas tienen un
profundo matiz ideológico. Ahí radica el primer punto discrepante, en la base
misma del diseño de cualquier planteamiento educativo.
No cabe duda de que
la voluntad de todos los Ministros de Educación, de todos los Gobiernos,
es mejorar la calidad del sistema educativo y buscar la convergencia con los
países más avanzados en esta materia. Entonces, ¿si el objetivo de todos es el
mismo, por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? Sencillamente, porque la idea
de calidad es distinta, como también lo es el camino para conseguirla.
Para el PP la calidad del Sistema Educativo pasa por
potenciar el talento individual de cada alumno, que de por si es diferente al
del resto. Esto supone una concepción individualista y diferenciadora de los
alumnos. En definitiva, una enseñanza con varios niveles o a distintas
velocidades. ¿Qué hace este sistema sino potenciar aún más las diferencias
entre las personas? Desde este punto de vista, en nuestra Región ya existen
colegios donde los alumnos de un mismo nivel educativo se organizan en grupos
según sus capacidades: los de mayores capacidades en un primer grupo, los de
capacidad media en otro y los menos capacitados en un tercero. Según este
modelo, los buenos alumnos lo serán más y el resto no lo será tanto, pero en el
futuro tendremos una sociedad con mayores desigualdades, menos igualitaria. Sin
embargo, por todos los economistas es aceptado que las sociedades más avanzadas
son aquellas en las que las desigualdades entre ciudadanos son menores y en las
que el individuo se beneficia del alto
nivel de bienestar de toda la sociedad.
Para el PSOE, por el contrario, la calidad está
vinculada a la equidad, a la función del sistema educativo como corrector de
desigualdades, atendiendo a la diversidad de capacidades del alumnado. De
hecho, la Ley
vigente actualmente, LOE, implantada por un gobierno socialista, señala la
función social de la educación, subrayando los principios de equidad,
inclusión, cohesión social, y ejercicio de una ciudadanía democrática.
Todo este transfondo ideológico tiene su reflejo en
la realidad de nuestras escuelas e institutos. Mientras que la LOE impedía la discriminación
por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición", la LOMCE
apuesta por una educación segregada y diferenciadora. Baste como ejemplo
patente en la realidad de nuestra Región que dos centros privado-concertados en
los que se practica una educación diferenciada por sexos recibieron
subvenciones anuales de casi cuatro millones de euros, más que el resto de
Centros Públicos de la Región
en su conjunto.
En cualquier caso, una Ley de Educación, como
cualquier otra Ley, supedita su eficacia a los recursos económicos empleados en
su implementación. En este contexto, el problema del Sistema Educativo Español
no estará tanto en qué Ley lo regula, sino con qué recursos se cuenta. La
crisis económica ha llevado al Gobierno español y a los autonómicos a reducir
drásticamente la inversión en Educación, lo que en el medio y largo plazo
lastrará aún más las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la Economía española.
Téngase en cuenta que los beneficios sociales y
económicos de la Educación
están más que contrastados (léase
“Panorama de la
Educación. Indicadores de la OCDE 2012”, Ministerio de Educación).
Empíricamente se demuestra que, a mayor nivel de formación, mayor tasa de
ocupación, menor nivel de desempleo y mayor salario.
Por tanto, si a mayor formación, mayor crecimiento y
desarrollo, la Sociedad
termina recuperando el esfuerzo económico empleado en formar a nuestros
jóvenes, a nuestra futura masa laboral. Esto nos permite concluir que la Educación no es un
gasto, sino una inversión, una inversión en capital humano. En definitiva, una
inversión en el esperanzador futuro que todos ansiamos. Demos a nuestros
jóvenes las posibilidades a través de una buena Educación para que construyan
la sociedad que todos deseamos.
