EDUCACIÓN: LA INVERSIÓN MÁS RENTABLE.


La nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), será la séptima reforma educativa de la Enseñanza Media en España. Un denominador común a todas ellas es la falta de consenso con que nacen. Éste es precisamente el origen del problema. De ahí que, con cada cambio de Gobierno, se implante una nueva Ley.
La nueva propuesta del Ministro Wert vuelve a tener como característica fundamental precisamente esa, la falta de consenso, lo que le otorga una fecha de caducidad incluso antes de su implantación.
La falta de continuidad de las Leyes educativas y los constantes vaivenes en el marco regulador del sistema parecen estar, a juicio de los expertos, entre los principales motivos del fracaso escolar en España.
Pero, si todos compartimos esa creencia, ¿por qué no se aportan soluciones?, ¿por qué no se consensúa de una vez por todas una Ley de Educación que pueda perdurar más allá de la alternancia de los partidos en el Gobierno?
La respuesta es sencilla, pero imposible de entender sin considerar el profundo transfondo ideológico que pesa sobre ella. El pacto no es posible porque PSOE y PP, los dos grandes partidos con vocación y alternancia en el Gobierno, tienen planteamientos antagónicos sobre la función social de la Educación. Hemos de tener en cuenta que quienes hoy son alumnos, mañana serán quienes lleven las riendas de nuestra Sociedad. En este sentido, las Leyes educativas, en cuanto forman a esas generaciones, condicionan, de algún modo, la sociedad del mañana. Por ello, las Leyes educativas tienen un profundo matiz ideológico. Ahí radica el primer punto discrepante, en la base misma del diseño de cualquier planteamiento educativo.
No cabe duda de que  la voluntad de todos los Ministros de Educación, de todos los Gobiernos, es mejorar la calidad del sistema educativo y buscar la convergencia con los países más avanzados en esta materia. Entonces, ¿si el objetivo de todos es el mismo, por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? Sencillamente, porque la idea de calidad es distinta, como también lo es el camino para conseguirla.
Para el PP la calidad del Sistema Educativo pasa por potenciar el talento individual de cada alumno, que de por si es diferente al del resto. Esto supone una concepción individualista y diferenciadora de los alumnos. En definitiva, una enseñanza con varios niveles o a distintas velocidades. ¿Qué hace este sistema sino potenciar aún más las diferencias entre las personas? Desde este punto de vista, en nuestra Región ya existen colegios donde los alumnos de un mismo nivel educativo se organizan en grupos según sus capacidades: los de mayores capacidades en un primer grupo, los de capacidad media en otro y los menos capacitados en un tercero. Según este modelo, los buenos alumnos lo serán más y el resto no lo será tanto, pero en el futuro tendremos una sociedad con mayores desigualdades, menos igualitaria. Sin embargo, por todos los economistas es aceptado que las sociedades más avanzadas son aquellas en las que las desigualdades entre ciudadanos son menores y en las que  el individuo se beneficia del alto nivel de bienestar de toda la sociedad. 
Para el PSOE, por el contrario, la calidad está vinculada a la equidad, a la función del sistema educativo como corrector de desigualdades, atendiendo a la diversidad de capacidades del alumnado. De hecho, la Ley vigente actualmente, LOE, implantada por un gobierno socialista, señala la función social de la educación, subrayando los principios de equidad, inclusión, cohesión social, y ejercicio de una ciudadanía democrática.
Todo este transfondo ideológico tiene su reflejo en la realidad de nuestras escuelas e institutos. Mientras que la LOE impedía la discriminación por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición", la LOMCE apuesta por una educación segregada y diferenciadora. Baste como ejemplo patente en la realidad de nuestra Región que dos centros privado-concertados en los que se practica una educación diferenciada por sexos recibieron subvenciones anuales de casi cuatro millones de euros, más que el resto de Centros Públicos de la Región en su conjunto.
En cualquier caso, una Ley de Educación, como cualquier otra Ley, supedita su eficacia a los recursos económicos empleados en su implementación. En este contexto, el problema del Sistema Educativo Español no estará tanto en qué Ley lo regula, sino con qué recursos se cuenta. La crisis económica ha llevado al Gobierno español y a los autonómicos a reducir drásticamente la inversión en Educación, lo que en el medio y largo plazo lastrará aún más las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la Economía española.
Téngase en cuenta que los beneficios sociales y económicos de la Educación están más que contrastados (léase “Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2012”, Ministerio de Educación). Empíricamente se demuestra que, a mayor nivel de formación, mayor tasa de ocupación, menor nivel de desempleo y mayor salario.
Por tanto, si a mayor formación, mayor crecimiento y desarrollo, la Sociedad termina recuperando el esfuerzo económico empleado en formar a nuestros jóvenes, a nuestra futura masa laboral. Esto nos permite concluir que la Educación no es un gasto, sino una inversión, una inversión en capital humano. En definitiva, una inversión en el esperanzador futuro que todos ansiamos. Demos a nuestros jóvenes las posibilidades a través de una buena Educación para que construyan la sociedad que todos deseamos.

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